El Orden Profesional

ELECCIÓN: 10 de diciembre de 2025


PLATAFORMA

 

GESTIÓN 2025 - 2029



El ORDEN PROFESIONAL es una asociación civil integrada por técnicos de todas las profesiones creada con el fin de estudiar la supervivencia y autonomía financiera de la caja de profesionales universitarios y defender los intereses de todos sus afiliados. 
Hemos estado trabajando en los órganos de la Caja, Directorio y Comisión Asesora y de Contralor, y en todos los ámbitos en que ha sido posible plantear iniciativas (parlamento, prensa, reuniones presenciales y virtuales con profesionales) para lograr una reforma que solucione los problemas económico-financieros-organizacionales de la Caja para el futuro, propendiendo a una caja autónoma y solidaria intergeneracional e interprofesional.

Listas ACTIVOS: 4 y 9 
Listas JUBILADOS: 14, 17 y 19


PROPUESTA Y PLAN DE ACCIÓN 

2025-2029

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios del Uruguay (CJPPU) y los profesionales directamente, han sufrido un deterioro económico y financiero, de credibilidad, de confianza, de autonomía de gestión, en los últimos 20 años, que responde a múltiples causas, que citaremos brevemente y sin pretender abarcarlas todas; principalmente la acción o inacción de los gobiernos de turno ha hecho sufrir a la caja de múltiples consecuencias, por eso hemos afirmado tantas veces que el gran responsable de la situación de la Caja es el Estado (los gobiernos que lo han administrado).

Para comenzar, existió una obligación de proporcionar, sin retorno, fondos al Poder Ejecutivo -por parte de los gobiernos de turno- tanto en el período de la dictadura como en el año 1999.

 

La Ley 17.296 de 2001 incorporó un nuevo impuesto a los profesionales egresados denominado adicional del Fondo de Solidaridad para financiar el funcionamiento de la Universidad de la República,

 

La Ley N° 17.738 de 2004 que consolidó el modelo de aportación por sueldos fictos (y no el de ingresos reales) de los profesionales además de consolidar también la actualización de los ingresos genuinos (los derivados del Art.71 como timbres y tasas) por IPC y no por el mismo índice de actualización de los egresos de la Caja (jubilaciones, pensiones, prestaciones) es decir por el Índice Medio de Salarios Nominales (lo que ha causado una pérdida de más de U$S 600: millones en 20 años), además de permitir descender a la categoría 2 de aportes sin límite temporal, y quedar allí detenidos, lo que ha ocasionado que pocos años después la Caja ha sufrido inmensamente las detención o estancamiento de los aportes,

 

La Ley 18.083 de ajuste fiscal de 2006, crea una nueva carga impositiva para la clase media trabajadora en general y por lo tanto para los profesionales en particular, el IRPF para los profesionales activos, que representa entre un 10% y un 36% de la retribución/facturación nominal e incorpora luego de declararse inconstitucional para los pasivos, un nuevo impuesto para éstos, denominado IASS, también con franjas progresivas, de entre el 6% y el 30%. En ambos casos IRPF e IASS, una rendición anual puede exigir más aportes aún, al sumarse todos los ingresos del profesional activo o jubilado. El IASS ha representado un impuesto directo de las retribuciones de los pasivos de la Caja para financiar al BPS de unos U$S 600: millones en los últimos 20 años.


Ley 18.131 de fecha 31/05/2007 de creación del FONASA establece (también para profesionales independientes) un descuento obligatorio del aporte nominal, de 4.5 % si no tienen personas a cargo (sin cónyuge ni hijos dependientes), 6 % si tienen 1 persona a cargo, 8 % si tienen 2 o más personas a cargo. A los profesionales pasivos se les descuenta obligatoriamente de sus ingresos nominales, un 3% o 4,5% y hasta el 6% mientras tenga hijos menores a cargo.

La realidad del mercado laboral, en constante cambio en las últimas décadas, y el aumento de la cantidad de egresados universitarios han generado en los profesionales la necesidad de obtener ingresos de la profesión en forma dependiente, existiendo así dos categorías de profesionales dependientes que en su gran mayoría aportan al BPS, los dependientes puros o reales (aquellos asalariados que desempeñan tareas en función de su título profesional tanto en organismos públicos, paraestatales, internacionales o empresas privadas) aportando un 15% de su salario nominal y una 7,5% de aporte patronal a cargo del empleador.

La otra categoría, los profesionales que trabajan en una relación de dependencia encubierta, son aquellos profesionales que desarrollan su tarea profesional en función de su título, facturando por sus servicios a través de una “Empresa Unipersonal de Servicios Personales No Profesionales”, aportando contribuciones especiales de seguridad social al BPS, pudiendo optar la categoría sobre la cual aportar (la más baja equivale a un tercio de la categoría más baja de la CJPPU) y el empleador no realiza aportes patronales. Es entonces un profesional independiente que declara incorrectamente actividad de servicio personal no profesional o actividad de industria y comercio ante BPS y por tanto no aporta a la Caja de Profesionales, violando el principio establecido en la Ley 17.738. He aquí una de las principales sangrías de la Caja, el propio Estado.

En varias otras leyes, tanto de Presupuesto como Rendiciones de Cuentas, en todos los gobiernos, a veces incluso por Decreto, se han concedido generosas Exoneraciones del aporte de timbres profesionales a un sinfín de instituciones públicas y privadas, con las que los Poderes Ejecutivos y Parlamentos han retaceado importantes recursos genuinos a la Caja sin sustituir esos ingresos por otros en sus propias resoluciones.

El anterior Poder Ejecutivo negó -tras la opinión del BPS, casualmente- la incorporación a la Caja de 52 nuevos títulos de diversas universidades, impidiendo una vez más la posibilidad de corregir el rumbo, en beneficio del BPS y violando los principios establecidos en la Ley Orgánica de la Caja, N° 17.738.

 

No menos responsables, en algunos aspectos, han sido las malas administraciones de la Caja en el pasado, e incluso la mayoría del actual Directorio, pésimas inversiones financieras, mala gestión de los recursos tanto humanos como materiales, pesada burocracia, excesiva intervención de los empleados en las decisiones de la mayoría, acuerdos laborales muy perjudiciales para la administración de la Caja, decisiones no debidamente contrastadas con la proyección económico financiera de la misma, de la que se poseía informes de consultoría desde el año 2013 anunciando el deterioro De las finanzas y el colapso en 2025, para lo que no se tomaron acciones.

 

La nueva legislación que refiere a la Caja de Profesionales, tanto la Ley 20.130 de reforma general del sistema de seguridad social como la Ley 20.410, específica para nuestra Caja, han perforado el sistema, son muy dañinas para el futuro de la autonomía tanto económica como política, y para el sistema de solidaridad intergeneracional e interprofesional, alentando la individualidad de las proyecciones de la carrera de aportes de cada profesional, las medidas desalientan el aporte (alientan el aporte en otro sistema, mas “barato”: BPS), desalientan el pasaje de categoría, alientan la baja de categoría o el estancamiento en la segunda, alientan la jubilación temprana, y fundamentalmente hacen mucho daño a la confianza en el sistema de seguridad social y al desempeño de la misma Caja. Los profesionales “contrataron” un sistema de retiros con determinadas condiciones, y por imperio de la mala administración propia y del permanente acicate del Estado sobre la Caja, la han llevado al colapso dirigido y esperado por muchos.


Es por todo ello, que El Orden Profesional rechaza la legislación aprobada, lo hizo antes, lo hace ahora, y alienta medidas que ya han sido propuestas y que detallamos a continuación.

El nuevo aumento progresivo de la Tasa de Aportación de Activos, que incrementó su porcentaje respecto de los sueldos fictos de las diferentes categorías del 16,5% a 18,5% (2024-2025), pasará al 20,5% en enero de 2026, y luego al 21,5% en enero de 2027 y al 22,5% en enero de 2028, lo que representará en términos reales un aumento de los aportes de activos en un 36%. Aumentos de aportes que son causa comprobada por la Caja del aumento de Declaraciones Juradas de No Ejercicio y en el descenso de categoría de los afiliados activos.


Proponemos:


  • Una de las principales medidas que proponemos tiene que ver con el Incremento de la Base de Aportantes mediante la incorporación de los nuevos Profesionales (a partir de la aprobación de una nueva ley) que ejerzan su profesión en forma Dependiente, recibiendo un salario o retribución en función de su desempeño profesional. Esta medida está evaluada y avaluada por la propia Caja, por el Directorio, la Comisión Asesora y de Contralor, a través de estudios actuariales de los servicios técnicos de la misma, con los programas elaborados por CINVE. La aplicación de estas medidas genera una Caja autosuficiente, autónoma, solidaria y equitativa por décadas.
  • Los nuevos profesionales (a partir de la aprobación de una nueva ley complementaria) que desarrollen sus actividades profesionales en relación de dependencia aportarán lo mismo que en su organismo de previsión social (BPS) el 15% de su salario nominal + 7.5 de aportes patronales, solo a la Caja de Profesionales y tendrán derecho a las mismas prestaciones que tienen hoy en BPS, más las que adquieran al pertenecer a la CJPPU.
  • Trabajaremos para lograr la justicia para los Cincuentones, no entendemos justo el adelantamiento de la convergencia establecido en la Ley 20.410, (lo que además no está medido en su impacto económico), proponemos derogar el Art. 3 de la ley 20.410 y respetar la convergencia establecida por la Ley 20.130.
  •  Insistiremos con la incorporación definitiva del inconstitucional IASS, mientras exista, (se destinan U$S 37: millones anuales a BPS, más de U$S600: millones en 20 años) retenido a los profesionales pasivos para disminuir el déficit de la Caja, proponemos la modificación del Art. 14 de la Ley 18.813 para que se destine al presupuesto anual de la Institución.
  •  Trabajaremos para la eliminación de la recientemente creada e ilegal/inconstitucional Tasa de Contribución Pecuniaria (TCP), Ley 20410, impuesto adicional del 2% o del 5% de los ingresos nominales a los pasivos de la Caja, la que rechazamos por injusta e inconstitucional. ella determina una doble imposición ya que el IASS tributa para el BPS y el TCP para la Caja, esto viola en forma flagrante el principio de igualdad. 
  • Exigimos el cumplimiento estricto (no solo de lo que establece el texto del artículo sino del espíritu del acuerdo en el Parlamento) de lo establecido en el Art. 12 de la Ley 20.410, de la anteriormente denominada Jubilación por Edad Avanzada, que establece que con 70 años cumplidos y por lo menos 15 años de aportes efectivos a la Caja, se puede jubilar por Edad Avanzada (ahora la ley le llama “Causal Jubilatoria Normal”).
  • La mayoría del Directorio actual entre definiciones de las diferentes leyes, plazos, y condiciones que deroga el mismo artículo implícitamente (la nueva ley deroga los artículos que la contradigan de otras leyes), intenta limitar el derecho con interpretaciones del citado artículo que le corresponden en todo caso al Poder Ejecutivo en el decreto reglamentario. El Art. 12 establece que es posible jubilarse con esas condiciones en el CJPPU, con otras jubilaciones y pensiones al mismo tiempo y no solo con una.
  • Proponemos un rediseño de los ingresos indirectos establecidos por el Art. 71 de la Ley 17738, fundamental ingreso genuino de la Caja, que implica el establecimiento de Timbres y Tasas a servicios e insumos de profesionales universitarios (aporte patronal de quienes utilizan sus servicios), proponemos un rediseño de lo establecido en dicha norma, aplicando los mismos a otras profesiones e insumos, manteniendo los relativos a la salud, e incrementando aquellos que contribuyan a una mejor recaudación, aumentando en el tiempo además de por el Índice Medio de Salarios, proponiendo se compense gradualmente la enorme pérdida de recaudación producida en los últimos 20 años, que se calcula en unos U$S 600: millones de dólares, en función de haber sido actualizados por el IPC y no por el IMSN. Es imprescindible acelerar el proceso del Timbre Digital, haciéndolo universal y de fácil acceso, tendiendo a eliminar el timbre papel. La colocación del Timbre Profesional en cualquier receta, escrito, balance, certificado, plano, guía, etc., es una responsabilidad del profesional, propondremos un mecanismo para que los profesionales se responsabilicen de que el usuario coloque los timbres, o lo haga el profesional y lo cobre como gasto.
  • Insistiremos con la incorporación de nuevas profesiones, la Caja ha reclamado la autorización al Poder Ejecutivo para la incorporación de nuevas profesiones (UDELAR, UTEC, UCUDAL, ORT, UM, UE, etc.), lo que fue respondido negativamente en la anterior administración, volveremos a insistir en que la incorporación de nuevas profesiones es natural que lo hagan en la CJPPU y que lamentablemente este vaciamiento en la incorporación de egresados de nuevas carreras, se ha transformado en otra razón para el deterioro económico- financiero de la Caja. Trabajaremos por un trato igualitario para todos los profesionales.
  • Insistiremos con la más amplia transparencia en la gestión de los órganos de la Caja; durante mucho tiempo, reclamamos que las actas de las sesiones del Directorio y de la Comisión Asesora y de Contralor de la Caja fueran publicadas antes de los seis meses como sucedía en directorios anteriores, hoy por iniciativa nuestra las mismas se publican a los 15 días de cada sesión, lo que es un logro para la transparencia de las decisiones que toma el Directorio y que afectan tanto al funcionamiento de la misma como a la vida de todos los profesionales. Hay que leerlas, ¡¡¡los delegados de El Orden Profesional resistimos archivos!!!
  • Buscador de profesionales afiliados y en actividad declarada, Volvemos a proponer, porque ya se ha descartado más de una vez por parte de la mayoría de este Directorio, el disponer para la ciudadanía en general, empresas, oficinas del Estado y profesionales un en la portada de la página web de la Caja, donde ingresando algún dato del profesional, se pueda obtener una respuesta de si está afiliado a la Caja y si está declarado en ejercicio activo. Esto no solo no viola ningún derecho sino da garantía de transparencia a los profesionales que hacen el esfuerzo por estar activos y aportando a la Caja evitando la competencia desleal, da garantías a los ciudadanos que necesitan contratar a un profesional, a empresas, al Estado y a la sociedad toda. Esto existe en el Ministerio de Salud Pública, Caja Notarial, Suprema Corte de Justicia, DGI(RUT), lo cual avala la legalidad de su implementación.
  • Continuaremos combatiendo la Campaña de desprestigio, contra los profesionales y la Caja misma, que han sufrido en los últimos tiempos un embate de comparaciones, adjetivaciones y comentarios negativos, en el sentido de desprestigiarnos frente a la sociedad toda y de enfrentarnos al resto de la población, aduciendo que vivimos más que el resto de la población, que vivimos mejor, que cobramos enormes jubilaciones, que recibimos ingresos superiores al resto de la población, todas FALACIAS; hemos demostrado lo contrario en la prensa y en el Parlamento cada vez que hemos podido, con números, cuadros y estadísticas elaboradas por el propio Estado, los profesionales universitarios somos trabajadores profesionales, de clase media en general, y formamos parte de la sociedad, a la que aportamos esfuerzo, sacrificio y compromiso en el desarrollo de nuestras profesiones.
  • Insistiremos con nuestra propuesta, rechazada por la mayoría del Directorio, de elaborar e implementar un proceso de Rediseño Institucional en función además de los costos de funcionamiento, la CJPPU tiene un enorme presupuesto anual de U$S20: millones de dólares, que debe ser reducido a los efectos de contribuir con el esfuerzo de profesionales activos y pasivos. Hemos propuesto, sin éxito, la contratación de una consultoría externa de Rediseño Institucional, que revea procesos, trámites, inspecciones, morosidad, estructura interna de funcionamiento-organigrama, gerencias, equipos de personal, retribuciones, definición de cargos, tareas, vínculos, equipamiento necesario, asesores externos, respaldos, etc., a los efectos de darle un funcionamiento moderno, actual, con menos trámites, más cortos, y dotar a la caja de eficiencia a la hora de responder a los afiliados, reduciendo de esta manera costos innecesarios.
  • Cuerpo Inspectivo: Dentro de esas mejoras de gestión incluimos un nuevo y más efectivo sistema de Inspecciones, dotar de mejores herramientas informáticas y de una mayor cantidad de inspectores, con un sistema de retribuciones a resultado de su gestión, para incentivar el compromiso de los mismos, pudiendo así dilucidar situaciones confusas, de evasión tanto de profesionales como de empresas contribuyentes, que perjudican a la Caja y a los afiliados todos.
  • Recuperación de afiliados deudores, morosidad, ejecución, ha habido varias leyes de refinanciación de adeudos para afiliados y empresas contribuyentes que complementan las opciones y mejoran las condiciones establecidas en el Código Tributario, para saldar deudas de tributos o aportes, multas y recargos, insistiremos en esas herramientas que han demostrado ser eficientes y que solucionan problemas de profesionales y empresas que fueron momentáneos y se transformaron en deudas impagables. La propuesta es hacer un seguimiento también para el reenganche de afiliados según lo establece el art. 21 de la Ley 20.410.También en el nuevo período intentaremos –nuevamente- tercerizar la histórica cartera de deudores, a los efectos de efectivizar la enorme deuda que hay con la Caja.
  • Proponemos la revisión del marco normativo laboral, reestudiando el convenio con los trabajadores de la CJPPU, en sus distintos niveles, gozan de condiciones que no se condicen con la situación de la propia Institución,  Directorio tras Directorio (incluyendo a la mayoría del actual) han aprobado convenios desfavorables para los intereses de la Caja y solo favorables para los empleados. El ingreso de nuevo personal deberá hacerse por una nueva escala de salarios muy menor a la actual, se deberán abrir los escalafones en nuevos cargos de ingreso con menores retribuciones, y en una reestructura funcional y procedimental que genere una sinergia entre los órganos de conducción y el equipo de empleados, el compromiso de éstos con las decisiones de las autoridades, el equipo gerencial deberá estar preparado para actuar con creatividad, flexibilidad y adaptabilidad a las resoluciones del Directorio, entendemos que todo el nivel gerencial debe ser de confianza de las autoridades.
  • Estudiaremos a fondo la situación de los arrendamientos de los campos forestados actualmente arrendados (forestación y ganadería) para incrementar la rentabilidad.
  • Trabajaremos en la determinación posibles inversiones financieras; préstamos a afiliados activos y pasivos, apoyo a inversiones en consultorios, estudios, equipamiento, oficinas (fundamentalmente para jóvenes profesionales), préstamos al consumo, garantía de alquiler, y quizás en un futuro de préstamos hipotecarios, con las debidas garantías y fiscalización.
  • Debemos profundizar el vínculo de la CJPPU con profesionales de todo el país: proponemos realizar reuniones con directores en ciudades del interior, escuchando a los profesionales de la zona, facilitando información, consultas y trámites.
  •  Insistiremos con la realización de las sesiones de Directorio y de la Comisión Asesora y de Contralor en formato híbrido (presencial y por videoconferencias), lo que ha sido negado sistemáticamente por la mayoría (delegados del Poder Ejecutivo y representantes de las mayorías dentro de los gremios capitalinos), los “montevideanos” se abrogan el derecho de limitar la participación de directivos electos, residentes en el “interior” de la República, con el respaldo exclusivamente de informes internos.
  • Propiciar ante el Poder Ejecutivo, por parte del Directorio, una modificación de la integración y facultades del Directorio y la Comisión Asesora y de Contralor, con el objetivo de lograr una gestión más productiva y eficiente en la CJPPU. 

 


¿QUIENES SOMOS?

El Orden Profesional es una organización de profesionales universitarios activos y jubilados de todo el país, de las más diversas profesiones, edades y simpatías políticas que trabajamos por un interés común: el salvar a la de la Caja de Profesionales Universitarios para cambiar el rumbo erróneo decidido por las últimas gestiones del Directorio y la legislación recientemente aprobada.

 

Este grupo se formó en el año 2016 como un equipo de profesionales estudiosos de la situación actual de la Caja, el que propone a los afiliados una serie de medidas para corregir el rumbo, hacer que la caja sea sostenible en el tiempo y que no se tengan que reducir jubilaciones y prestaciones a causa de malas administraciones de nuestro patrimonio.

 

No somos un colectivo que esté vinculado con organizaciones políticas ni gremiales, ni dirigentes de cualquier tipo, tampoco somos un grupo meramente electoral que surge para las elecciones y luego desaparece pues formamos una Asociación Civil, con personería jurídica, registrada ante el MEC, para seguir trabajando sobre la Caja, seamos electos o no para el Directorio. Si contamos con los votos suficientes para acceder a cargos en el Directorio y en la Comisión Asesora y de Contralor, nuestros representantes en estos órganos no actuarán en forma personal sino en representación del grupo, con un consenso previo, y en nombre de TODOS los profesionales. Lo hemos demostrado en este período de gestión en minoría.

 

Hasta el momento somos los únicos que presentamos una plataforma de propuestas viables y realistas, para mejorar las condiciones para TODOS los profesionales, para aquellos que no están en actividad y declararon no ejercicio por diversas razones y quisieran recomenzar a aportar, para aquellos que si lo están y con grandes dificultades hacen frente a sus obligaciones y para aquellos que luego de una vida de trabajo y aportes, merecen la tranquilidad de saber cuáles serán sus ingresos y que no se los esté utilizando para cubrir malas gestiones.

 

Por todo ello los invitamos a apoyar esta propuesta de El Orden Profesional en las elecciones al Directorio y a la CAC de la Caja de Profesionales Universitarios el día 10 de diciembre de 2025, votando en todo el país, las listas oficiales del El Orden: 9 en Activos y la 14, la 17 o la 19 en Jubilados.

 

 






LISTAS DE ACTIVOS:




LISTAS DE JUBILADOS:






LISTAS A LA COMISIÓN ASESORA Y DE CONTRALOR:












Comentarios

  1. Quienes conforman las listas? Eso no está publicado

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  2. La misma pregunta, en el correo se menciona como apartado A)

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  3. El IASS se debería abrogar de inmediato. Los jubilados y pensionista son los únicos sujetos pasivos del impuesto violando claramente las disposiciones del artículo 67 inciso segundo literal A de la Constitución de la República, y artículo 8 de la Carta.
    Los directivos deben ser honorarios. No es necesario esperar la modificación de la ley, en todo caso pueden donar los haberes a la Caja.

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  4. Este comentario ha sido eliminado por un administrador del blog.

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